Cancelación de licencia turística en Fuengirola por acceso independiente: análisis y estrategia de recurso
En los últimos meses, el Ayuntamiento de Fuengirola ha intensificado la emisión de informes urbanísticos desfavorables para las viviendas de uso turístico (VUT) ubicadas en edificios plurifamiliares, con fundamento en la ausencia de acceso independiente desde la vía pública. Estos informes están siendo incorporados a expedientes tramitados por la Junta de Andalucía, que los utiliza como base para dictar resoluciones de cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.
Si has recibido una notificación de cancelación de tu licencia turística en Fuengirola —o un requerimiento previo que anticipa esa decisión— debes saber que la resolución es recurrible, que existen precedentes judiciales favorables a los propietarios en casos similares, y que el plazo para actuar es de un mes desde la notificación.
El caso Fuengirola: qué está ocurriendo
La situación en Fuengirola responde a un patrón que ya hemos visto en otros municipios andaluces —especialmente Málaga capital— pero con una particularidad: en Fuengirola, el Ayuntamiento no se limita a emitir informes desfavorables en fase de nueva tramitación, sino que está revisando expedientes ya inscritos, emitiendo informes negativos sobrevenidos que sirven de base para procedimientos de cancelación de inscripciones que ya estaban en vigor.
El argumento urbanístico que sostiene estos informes es la interpretación de que el uso turístico en edificio plurifamiliar requiere que la vivienda disponga de un acceso directo desde la vía pública, diferenciado del acceso general del edificio. Esta interpretación no tiene base en el Decreto 31/2024 (la norma autonómica reguladora de las VUT en Andalucía), que no establece tal requisito como condición de acceso al registro. La norma autonómica regula los requisitos de habitabilidad y equipamiento de la vivienda, pero no impone condiciones de configuración del acceso al edificio.
¿Qué normativa aplica el Ayuntamiento?
El Ayuntamiento de Fuengirola fundamenta sus informes en su normativa urbanística local —el PGOU y sus ordenanzas de usos— interpretando que el uso turístico en edificio residencial plurifamiliar constituye un uso diferente al residencial ordinario que requiere condiciones específicas de acceso. Esta interpretación, aunque posible desde una lectura literal de determinadas ordenanzas, choca con varios principios jurídicos fundamentales que son la base de los recursos con mayor probabilidad de éxito.
Base jurídica de la impugnación: tres ejes de defensa
1. Falta de proporcionalidad
El principio de proporcionalidad, recogido en el artículo 4 de la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado y en la Directiva 2006/123/CE de Servicios, exige que cualquier restricción a la actividad económica sea necesaria (no existan alternativas menos restrictivas), proporcionada (el sacrificio no supere lo necesario para el fin legítimo) y justificada en una razón imperiosa de interés general reconocida por el Derecho de la Unión.
La exigencia de acceso independiente no supera este triple test: el fin legítimo invocado (control del uso turístico, convivencia vecinal) puede alcanzarse por medios menos restrictivos que la exclusión física del acceso compartido; el requisito excluye a miles de viviendas situadas en edificios históricos que por su configuración original no pueden cumplirlo; y la restricción genera una barrera de entrada desproporcionada que va mucho más allá de lo que la propia Directiva de Servicios permite.
2. Vulneración de la Directiva de Servicios y la libre prestación
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo prohíbe que los Estados miembros —y sus entes territoriales— establezcan requisitos de acceso a la actividad de servicios que no estén justificados, sean proporcionados y no sean discriminatorios. España la transpuso mediante la Ley 17/2009. La Comisión Europea ha advertido expresamente a España sobre la fragmentación de controles turísticos entre distintas administraciones y la imposición de requisitos no armonizados, señalando su incompatibilidad con el Derecho de la UE.
Un informe urbanístico municipal que bloquea el acceso a la actividad turística sin base en la normativa autonómica que regula el sector constituye, en nuestra valoración, una restricción contraria a la Directiva de Servicios.
3. Invasión de competencias autonómicas
La ordenación del turismo en Andalucía es competencia autonómica exclusiva (artículo 71.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía). El Decreto 31/2024 establece el régimen completo de requisitos para las VUT andaluzas. Los municipios pueden completar ese régimen desde el ámbito urbanístico, pero no pueden configurar requisitos de acceso a la actividad que contradigan o vacíen de contenido la regulación autonómica. Un informe municipal que impide el ejercicio de una actividad regulada por el Decreto 31/2024 sin que dicho decreto contemple ese requisito excede las competencias municipales.
Jurisprudencia reciente del TSJA: precedentes favorables
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha comenzado a pronunciarse sobre los límites de la regulación municipal de las VUT, con resultados significativos para los propietarios. En 2025, el TSJA anuló la normativa del Ayuntamiento de Granada que pretendía restringir las VUT en el centro histórico, por considerar que excedía el marco competencial establecido por la regulación autonómica y no superaba el test de proporcionalidad requerido por la Directiva de Servicios.
Adicionalmente, existen pronunciamientos del Tribunal Supremo (STS de 25 de mayo de 2021 y posteriores) que limitan la potestad municipal para imponer restricciones a las VUT que no estén expresamente previstas en la regulación sectorial aplicable, reforzando la posición de los propietarios en este tipo de impugnaciones.
Estrategia de recurso: fases y plazos
| Fase | Plazo | Ante quién | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Recurso de alzada + suspensión cautelar | 1 mes desde notificación | Junta de Andalucía | Anular la cancelación; suspender sus efectos mientras se tramita |
| Silencio administrativo (suspensión) | 1 mes sin respuesta expresa | — | Suspensión concedida por silencio; actividad puede continuar |
| Resolución de alzada | 3 meses para resolver | Junta de Andalucía | Estimación del recurso o confirmación para continuar vía judicial |
| Recurso contencioso-administrativo | 2 meses desde resolución de alzada | Juzgado C-A de Málaga | Impugnación judicial + medida cautelar ante el juzgado |
Contenido del recurso de alzada
El recurso de alzada articulará los tres ejes argumentales descritos anteriormente (proporcionalidad, Directiva de Servicios, invasión de competencias autonómicas) con referencia expresa a los precedentes del TSJA. Se acompañará de la documentación acreditativa de la inscripción original, el historial de la actividad y, cuando sea posible, informes técnicos sobre la configuración del acceso del inmueble según el proyecto de edificación.
Es fundamental que el recurso no se limite a negar el informe urbanístico, sino que lo impugne activamente, controvierta su fundamento jurídico y solicite expresamente la suspensión cautelar de la resolución de cancelación.
La medida cautelar: cómo proteger tu actividad mientras recurres
Este es el aspecto más crítico para los propietarios con reservas ya comprometidas: la posibilidad de continuar operando mientras se tramita el recurso.
Suspensión en vía administrativa
Junto con el recurso de alzada puede solicitarse la suspensión de la ejecución de la resolución de cancelación (artículo 117 de la Ley 39/2015). La suspensión puede concederse cuando la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en una nulidad de pleno derecho. Los argumentos de proporcionalidad y vulneración de la Directiva de Servicios encajan en ambas categorías.
La práctica administrativa en Andalucía muestra que la Junta frecuentemente no responde a la solicitud de suspensión en el plazo de un mes. En ese caso, el silencio administrativo opera como estimación de la suspensión (artículo 117.3 LPAC), lo que permite continuar la actividad de forma legalmente amparada durante la tramitación del recurso.
Suspensión judicial (si la administrativa se deniega)
Si la Administración deniega expresamente la suspensión, puede solicitarse ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente. Los juzgados de Málaga han accedido a suspender resoluciones de cancelación de VUT cuando se acredita correctamente el perjuicio económico concreto (reservas confirmadas, pérdida de ingresos documentada) y la aparente ilegitimidad de la resolución impugnada.
¿Han cancelado tu licencia turística en Fuengirola?
Revisamos tu expediente de forma urgente, preparamos el recurso de alzada con solicitud de suspensión cautelar y defendemos tu actividad. Actuamos en toda la Costa del Sol y el resto de Andalucía.
Preguntas frecuentes
¿Es legal que Fuengirola exija acceso independiente para las VUT?
La exigencia es jurídicamente controvertida. El Decreto 31/2024 no impone este requisito. El Ayuntamiento lo fundamenta en su normativa urbanística local, pero esta interpretación choca con el principio de proporcionalidad y con la distribución competencial entre administraciones en materia turística. El TSJA ha anulado normativas similares en otros municipios andaluces.
¿Qué plazo tengo para recurrir la cancelación?
El recurso de alzada debe presentarse en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de cancelación. Es un plazo perentorio e improrrogable. Si transcurre sin presentar el recurso, la resolución queda firme en vía administrativa. Actúa de inmediato.
¿Puedo pedir la suspensión mientras recurro?
Sí, y es altamente recomendable hacerlo junto con el recurso. Si la Administración no responde en un mes, la suspensión se entiende concedida por silencio administrativo, lo que permite continuar la actividad legalmente. Si deniega expresamente, puede solicitarse ante el juzgado.
¿El TSJA ha anulado normativas similares a la de Fuengirola?
Sí. El TSJA anuló la normativa restrictiva del Ayuntamiento de Granada en 2025 por exceder el marco competencial y no superar el test de proporcionalidad. Existen también pronunciamientos del Tribunal Supremo en el mismo sentido. Estos precedentes son relevantes aunque cada caso tiene sus propias particularidades.
¿Qué hago con las reservas ya confirmadas?
Lo prioritario es solicitar la suspensión cautelar. Si se concede (o transcurre un mes sin respuesta), puedes continuar operando legalmente. En paralelo, documenta todos los perjuicios económicos (reservas, ingresos perdidos) que podrán reclamarse si el recurso prospera. Consulta con nosotros antes de cancelar ninguna reserva.