¿Se te pasó el mes para recurrir la tasa de basura en Torremolinos? La segunda vía: revocación, nulidad y devolución de ingresos

Publicado 21 de julio de 2026 · Lectura estimada: 12 min · Por SALAMA LEGAL SLP · Jacob Salama, Abogado ICAMALAGA 11.294

Es una de las llamadas más frecuentes que recibimos de propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) en Torremolinos: «Me han cobrado la basura como si mi piso fuera un hotel, tenía intención de recurrir, pero entre unas cosas y otras se me ha pasado el mes. ¿Ya no hay nada que hacer?». La respuesta honesta es que la vía ordinaria —el recurso de reposición en el plazo de un mes del artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)— es siempre la preferible y, cuando vence, la liquidación de ese ejercicio gana firmeza. Pero «firme» no siempre significa «intocable». El ordenamiento tributario conserva varias vías extraordinarias de segunda oportunidad. Son más difíciles, ofrecen menos garantías y no todas encajan en todos los casos, pero conviene conocerlas antes de dar el asunto por perdido.

Recordemos el trasfondo, común a toda esta serie de artículos. Torremolinos aprobó su Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora de la Tasa por Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos (publicada en el BOP de Málaga nº 247, de 26 de diciembre de 2024). Esa ordenanza distingue con nitidez entre una Tarifa 1 · Viviendas, con una cuota general de entre 140 € y 340 € según el valor catastral, y una Tarifa 2 · Comercios-industrias, en la que se encuadran los «establecimientos hoteleros o similares», con una cuota mínima de 363 € por establecimiento, cobro por plaza y un recargo por traslado a vertedero. El problema es que el Patronato de Recaudación está liquidando las VUT bajo la Tarifa 2 hotelera, pese a que la ordenanza no las menciona en ningún punto dentro de esa categoría. La calificación, a nuestro juicio, es un error de encuadramiento tributario recurrible. Lo desarrollamos en detalle en nuestra página sobre la tasa de basura de las VUT en Torremolinos y en el análisis comparativo entre Tarifa 1 y Tarifa 2.

Este artículo asume que ya conoces ese problema de fondo y que el plazo del recurso de reposición ya ha vencido. Vamos a ver, ordenadas de la más sencilla a la más excepcional, las vías que quedan.

1. Qué significa que tu liquidación sea «firme»

Una liquidación tributaria adquiere firmeza cuando transcurren los plazos para recurrirla sin que se haya interpuesto recurso, o cuando se han agotado todos los recursos posibles. En el ámbito de los tributos locales, la vía ordinaria de impugnación es el recurso de reposición del artículo 14.2 TRLRHL, que debe presentarse en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación. Si ese mes transcurre sin recurso, la liquidación de ese ejercicio queda firme y consentida.

¿Qué consecuencias tiene la firmeza? Fundamentalmente, que se cierra la vía de impugnación ordinaria. Ya no puedes discutir el fondo del acto mediante un recurso común, y la Administración puede exigir el pago por la vía de apremio si no habías pagado. Esa es la razón por la que insistimos tanto, en toda esta serie, en la importancia de actuar dentro del mes: el recurso de reposición en plazo es, con diferencia, el camino más limpio.

Ahora bien, la firmeza en materia tributaria no es un muro infranqueable. El legislador ha previsto que, incluso frente a actos firmes, existan procedimientos especiales de revisión (regulados en los artículos 216 y siguientes de la Ley General Tributaria, LGT) y algunas vías adicionales. No son recursos ordinarios; son mecanismos excepcionales, pensados para situaciones en que mantener el acto firme resultaría manifiestamente injusto o contrario a Derecho. Conviene conocerlos, pero también entender sus límites.

2. La vía más sencilla: la próxima liquidación anual

Antes de adentrarnos en procedimientos extraordinarios, conviene reparar en la salida más práctica y, a menudo, la más eficaz: esperar a la liquidación del ejercicio siguiente y recurrir esa.

La tasa de basura es un tributo de devengo periódico: se liquida cada ejercicio. Y aquí está la clave: cada liquidación anual es un acto administrativo independiente. Que hayas dejado firme la liquidación de 2025 no impide en absoluto que recurras, dentro de su propio plazo de un mes, la liquidación de 2026 —y la de 2027, y las sucesivas—. En ese nuevo recurso puedes alegar exactamente los mismos argumentos: el error de calificación de tu VUT como establecimiento hotelero, la prohibición de la analogía para extender el hecho imponible (artículo 14 LGT), la exigencia de calificar el hecho conforme a su verdadera naturaleza jurídica (artículo 13 LGT) y la falta de cobertura en el propio texto de la ordenanza.

La consecuencia estratégica es sencilla de enunciar y fácil de olvidar en la práctica: no dejes pasar el siguiente recibo. Aunque una anualidad haya quedado firme, la impugnación de la siguiente puede corregir el criterio hacia el futuro y, si prospera, sentar la base para reclamar también lo indebidamente pagado en ejercicios anteriores por otras vías. Por eso, cuando un propietario nos llama tras habérsele pasado el plazo, lo primero que hacemos es anotar la fecha probable de la próxima liquidación para no repetir el error.

3. Antes de nada: ¿te notificaron bien? (Ley 39/2015)

Esta es, cuando aplica, la vía más potente de todas, y por eso la situamos antes que las propiamente extraordinarias. El plazo de un mes para recurrir solo empieza a correr desde una notificación válidamente practicada. Si la notificación de la liquidación fue defectuosa, el plazo ni siquiera ha comenzado, de modo que todavía cabría interponer el recurso de reposición ordinario, con todas sus garantías. No estaríamos ante una vía de segunda oportunidad, sino ante la vía ordinaria que nunca llegó a cerrarse.

Los artículos 40 a 44 de la Ley 39/2015 imponen requisitos estrictos a la notificación administrativa. Entre los defectos que conviene revisar en tu caso:

• Contenido incompleto: la notificación debe contener el texto íntegro del acto, la indicación de si pone fin a la vía administrativa, los recursos que proceden, el órgano ante el que se interponen y el plazo. Una notificación que omita la información de recursos es defectuosa.
• Lugar y dirección incorrectos: si se notificó en un domicilio que no era el tuyo, o en el que ya no residías habiéndolo comunicado, la notificación puede no surtir efecto.
• Falta del segundo intento: cuando el primer intento de notificación en el domicilio resulta infructuoso, la Administración debe realizar un segundo intento en distinta hora dentro de los tres días siguientes antes de acudir a otras formas.
• Edicto improcedente: la notificación por medio de anuncios (tablón, BOE) es un último recurso, solo cuando han fracasado los intentos personales. Si se acudió directamente al edicto sin agotar la notificación personal, es impugnable.
• Notificación electrónica indebida: si se te obligó a la notificación electrónica sin estar obligado a relacionarte electrónicamente, o sin el debido aviso, puede haber indefensión.

Si detectamos un vicio de notificación, la posición del contribuyente mejora notablemente, porque recuperamos la vía ordinaria. De ahí que, cuando alguien nos plantea que «se le pasó el mes», lo primero que pedimos es la notificación completa: en un porcentaje nada despreciable de casos, el plazo que se daba por perdido no había empezado a correr.

4. Revocación de actos firmes (artículo 219 LGT)

La revocación es la facultad de la Administración de dejar sin efecto sus propios actos, incluso firmes, en beneficio del interesado. Según el artículo 219 de la Ley General Tributaria, la Administración podrá revocar sus actos en tres supuestos: cuando estos infrinjan manifiestamente la ley; cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado; o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

Aplicado a nuestro supuesto, el argumento de que la liquidación grava una vivienda de uso turístico bajo un epígrafe hotelero que la propia ordenanza no contempla puede sostener que el acto «infringe manifiestamente la ley», por vulneración de la prohibición de analogía (artículo 14 LGT) y del principio de calificación conforme a la naturaleza jurídica (artículo 13 LGT).

Ahora bien, hay que ser muy claro con las limitaciones de esta figura, para no generar expectativas equivocadas:

• Se inicia siempre de oficio. La revocación es un procedimiento que arranca la propia Administración. El interesado no tiene un derecho subjetivo a que se revoque: lo que puede hacer es instarla, es decir, dirigir un escrito solicitando que la Administración inicie de oficio el procedimiento. No es, por tanto, un recurso en sentido estricto, sino una solicitud.
• Es una potestad discrecional. La Administración decide si abre o no el procedimiento y si revoca o no. Los tribunales han matizado que esa discrecionalidad no es absoluta y que la Administración debe motivar su decisión, pero, en la práctica, la revocación es una vía de éxito incierto.
• Límite temporal: la prescripción. La revocación solo cabe mientras no haya prescrito el derecho, esto es, dentro del plazo general de cuatro años. Transcurrido ese plazo, tampoco esta vía está disponible.
• No puede ser contraria al ordenamiento. La revocación no puede constituir dispensa o exención no permitida por las normas ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

En resumen: instar la revocación es una carta que se puede jugar cuando el error es palmario, pero conviene hacerlo entendiendo que la decisión final queda en manos de la Administración. Suele combinarse con otras actuaciones y no se plantea como única esperanza.

5. Nulidad de pleno derecho (artículo 217 LGT)

La declaración de nulidad de pleno derecho del artículo 217 LGT es la vía más llamativa, porque no tiene plazo: puede instarse en cualquier momento frente a un acto firme. Pero esa aparente ventaja tiene una contrapartida decisiva: solo procede por causas tasadas, enumeradas de forma cerrada en la ley, y el listón es muy alto. Los actos nulos de pleno derecho son, entre otros:

• Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
• Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
• Los de contenido imposible.
• Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
• Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
• Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para ello.
• Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

El problema práctico es evidente: un error de calificación tarifaria —encuadrar una VUT en la tarifa hotelera— difícilmente encaja, sin más, en alguno de estos supuestos tasados, que están pensados para vicios de máxima gravedad. La nulidad de pleno derecho no es la vía habitual para discutir si una tasa debía calcularse con una tarifa u otra; para eso están el recurso de reposición y, en su caso, la revocación. Además, su tramitación es exigente: requiere el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, lo que la convierte en un procedimiento largo y de resultado incierto.

6. Devolución de ingresos indebidos (artículo 221 LGT)

Si además de que se te haya pasado el plazo ya has pagado la tasa, entra en juego el procedimiento de devolución de ingresos indebidos del artículo 221 LGT. Este procedimiento permite recuperar cantidades ingresadas indebidamente en la Hacienda local. La ley contempla, entre los supuestos de ingreso indebido, la duplicidad en el pago, el pago de cantidades superiores a las que legalmente correspondían y el ingreso de deudas prescritas.

Ahora bien, cuando el ingreso deriva de una liquidación firme, la devolución no opera de forma automática por el mero hecho de considerar que la tarifa aplicada era incorrecta. Con carácter general, para obtener la devolución de lo pagado en virtud de un acto firme es preciso que previamente se revise ese acto a través de alguno de los procedimientos especiales: que concurra una causa de nulidad de pleno derecho (art. 217), que el acto haya sido revocado (art. 219) o anulado por otra vía. Dicho de otro modo: la devolución de ingresos indebidos suele ser la consecuencia patrimonial de haber conseguido, antes, dejar sin efecto la liquidación.

El dato temporal relevante es que el derecho a solicitar la devolución prescribe a los cuatro años. Por eso, aunque hayas pagado, no des por perdido el dinero sin analizarlo: si logramos que se revise la liquidación por cualquiera de las vías anteriores, la devolución de lo indebidamente ingresado —con los intereses de demora que correspondan— es la vía natural para recuperar el importe pagado de más entre la tarifa hotelera y la que, a nuestro juicio, debía aplicarse (la de vivienda).

7. Impugnar la ordenanza por vía indirecta (LJCA) y el recurso extraordinario de revisión (art. 244 LGT)

Impugnación indirecta de la ordenanza (arts. 26 y 27 LJCA)

La Ordenanza Fiscal nº 4 es un reglamento local. Como tal, tuvo su propio plazo de impugnación directa tras su publicación en el BOP. Si ese plazo pasó, ¿queda margen? Sí. Los artículos 26 y 27 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) permiten la llamada impugnación indirecta: aunque no se recurriera el reglamento en plazo, cabe recurrir los actos de aplicación —las liquidaciones concretas— fundándose en que la disposición general en que se apoyan es ilegal. Es decir, se ataca la liquidación alegando la ilegalidad de la ordenanza que le sirve de cobertura.

Esta vía no es, por sí sola, una solución mágica para una liquidación ya firme —normalmente se articula al hilo de la impugnación de un acto de aplicación que sí esté en plazo, como la liquidación del siguiente ejercicio—, pero es una herramienta valiosa porque refuerza los argumentos del error de calificación: si sostenemos que la aplicación de la Tarifa 2 a las VUT carece de cobertura en la ordenanza, o que la propia ordenanza, interpretada de ese modo, contradice normas de rango superior, la impugnación indirecta permite trasladar ese debate al plano de la legalidad de la disposición general.

Recurso extraordinario de revisión (art. 244 LGT)

Por último, mencionamos brevemente, para que el panorama quede completo, el recurso extraordinario de revisión del artículo 244 LGT. Es un recurso verdaderamente excepcional, que solo procede frente a actos firmes cuando concurre alguna de sus causas tasadas:

• Que aparezcan documentos de valor esencial posteriores al acto o de imposible aportación al tiempo de dictarse, que evidencien el error cometido.
• Que en el acto hayan influido documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme.
• Que el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, declarada por sentencia firme.

Como se ve, estas causas nada tienen que ver, en el caso ordinario, con un mero error de tarifa. El recurso extraordinario de revisión se cita aquí por completitud, pero rara vez será la vía aplicable a una discrepancia sobre la calificación de una VUT. Su plazo, además, es tasado (tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde la firmeza de la sentencia, según el caso).

8. Qué hacer en tu caso: cómo elegimos la vía

Reunidas todas las piezas, la pregunta práctica es: si mi liquidación de la tasa de basura ya es firme, ¿por dónde empiezo? Nuestro método de trabajo, adaptado a cada expediente, sigue aproximadamente este orden lógico:

1. Revisar la notificación (Ley 39/2015). Es lo primero, porque si la notificación fue defectuosa el plazo no empezó a correr y recuperamos el recurso de reposición ordinario, que es la vía más sólida. Pedimos siempre la notificación completa.
2. Fijar la próxima liquidación. Comprobamos cuándo se prevé el siguiente recibo para no dejar pasar su plazo. Recurrir la anualidad siguiente en plazo es, a menudo, la manera más limpia de reconducir el asunto hacia el futuro.
3. Valorar la revocación (art. 219 LGT). Si el error de calificación es palmario y estamos dentro de los cuatro años, se puede instar la revocación, entendiendo que la decisión final es discrecional de la Administración.
4. Analizar si hay causa de nulidad (art. 217 LGT). Solo si concurre realmente alguna de las causas tasadas; no como comodín.
5. Solicitar la devolución de ingresos indebidos (art. 221 LGT) si ya se pagó, normalmente como consecuencia de haber logrado revisar la liquidación por alguna de las vías anteriores, dentro del plazo de prescripción de cuatro años.
6. Reforzar con la impugnación indirecta de la ordenanza (arts. 26 y 27 LJCA) cuando la estrategia se articula sobre un acto de aplicación que esté en plazo.

No todas estas vías se activan siempre ni a la vez. La elección depende de datos concretos: cómo y cuándo te notificaron, si has pagado o no, cuánto tiempo ha pasado, qué ejercicios están liquidados y con qué importes. Por eso la primera valoración parte siempre de dos documentos: la notificación de la liquidación y el justificante de pago, si lo hubo. Con ellos podemos decirte con franqueza qué camino tiene recorrido en tu caso y cuál no.

9. Conclusión

Que se te haya pasado el mes para recurrir la tasa de basura de tu VUT en Torremolinos no equivale automáticamente a haber perdido toda posibilidad. La firmeza cierra la vía ordinaria de ese ejercicio, pero el ordenamiento conserva salidas: la próxima liquidación anual —que es un acto nuevo e independiente—, la revisión de si la notificación fue válida (que, cuando falla, reabre el propio recurso de reposición), la revocación del artículo 219 LGT, la nulidad de pleno derecho del artículo 217 LGT para casos tasados, la devolución de ingresos indebidos del artículo 221 LGT si ya pagaste, y el refuerzo que aporta la impugnación indirecta de la ordenanza al amparo de la LJCA.

Ninguna de estas vías es tan cómoda ni tan garantista como el recurso de reposición interpuesto dentro del mes, y ninguna asegura un resultado. Pero, analizadas con criterio y aplicadas a los datos de tu expediente, pueden ofrecer una segunda oportunidad real, sobre todo cuando el error de calificación de la VUT como establecimiento hotelero es tan claro como el que se aprecia en muchas de las liquidaciones de Torremolinos. Lo esencial es no dar el asunto por perdido antes de revisarlo y, sobre todo, no volver a dejar pasar el plazo de la próxima liquidación.

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